El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primera crisis de seguridad de alto nivel con el desmantelamiento de una sofisticada red de huachicol fiscal que operaba con complicidad de elementos de la Marina y agentes aduanales. La detención de 14 personas—encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna—revela la profundidad de la corrupción en puertos estratégicos, pero las sospechosas muertes de dos marinos vinculados al caso han abierto un capítulo aún más oscuro.
Según documentación de la Fiscalía General de la República (FGR), la red operaba mediante sobornos sistemáticos a elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes aduanales para permitir el desembarco o tránsito de embarcaciones con hidrocarburo ilícito hacia México o Estados Unidos. Los implicados habrían aprovechado su conocimiento institucional para evadir controles en puertos clave como Manzanillo, uno de los más importantes del país.
La investigación, coordinada por el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, tomó un giro siniestro con la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, hallado sin vida en su oficina horas después de ser señalado como receptor de sobornos. La versión oficial de «suicidio» fue inmediatamente cuestionada por colegas y familiares, quienes señalaron inconsistencias en la escena.
Veinticuatro horas después, durante una práctica de tiro real, murió el también marino Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien se desempeñaba como subdirector de la Aduana de Manzanillo y estaba bajo investigación por presuntos vínculos con la red. Estas muertes siguen un patrón preocupante: al menos otros seis funcionarios relacionados con investigaciones de huachicoleo han fallecido en circunstancias no aclaradas en los últimos meses, incluido el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Acántar, quien habría denunciado inicialmente a los hermanos Farías Laguna.
Frente a la gravedad de los hechos, la presidenta Sheinbaum ha optado por una cautelosa desvinculación: «Los dos marinos no estarían relacionados con las investigaciones de huachicol», declaró, respaldando la versión del fiscal Alejandro Gertz Manero. La mandataria pidió «no adelantar conclusiones» y confiar en las investigaciones en curso, aunque reconocieron la complejidad del caso.
La oposición política ha aprovechado para cuestionar la eficacia de la estrategia de seguridad. El senador panista Marko Cortés afirmó crudamente que «los dos marinos fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol», acusando al gobierno de encubrimiento de alto nivel. Estas declaraciones reflejan la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad en casos de corrupción estructural.
Analistas de seguridad consultados por este medio reconocen el avance en desarticular redes de corrupción, pero advierten sobre la opacidad en las investigaciones de las muertes. «El patrón de decesos en circunstancias convenientes sugiere que los mecanismos de limpieza dentro de las estructuras corruptas siguen operando con eficacia mortal», señaló un experto del Instituto para la Economía y la Paz.
Este caso representa la primera prueba de fuego para el gobierno de Sheinbaum en materia de combate a la corrupción profundamente arraigada. El manejo que dé a estas investigaciones—y sobre todo a las inexplicables muertes—definirá si su administración rompe con los pactos de impunidad o si, como en administraciones anteriores, las versiones oficiales terminan por opacar la búsqueda de la verdad.
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